Con el claro propósito de defender la institucionalidad democrática en Medellín, un conjunto de organizaciones no gubernamentales lanzó el movimiento Ciudadanía Activa con un acto público en la Plaza Botero.
La iniciativa de la sociedad civil surgió tras analizar los últimos hechos de violencia y de amenaza a la institucionalidad que se ha venido registrando en la capital antioqueña en los últimos meses, siendo uno de los hechos claves los señalamientos que ha hecho contra el alcalde Alonso Salazar Jaramillo el jefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano desde su sitio de reclusión en un penal de New York, quien admite que lo ayudó en su campaña a la Alcaldía.
“Hemos tomado la decisión de juntarnos en esta plaza los últimos jueves de cada mes con una consigna muy simple: el respaldo a la institucionalidad pública democrática, de las autoridades legítimas, por una convivencia pacífica, por una ciudad donde no se den amenazas desde la oscuridad, donde no se den muertes en los barrios”, explicó Patricia Fernández, directiva de la Corporación Viva la Ciudadanía.
Se trata, en esencia, de constituirse como movimiento ciudadano que no sólo respalde las prácticas democráticas, sino que se solidarice con una ciudad que, al decir de los líderes de esta iniciativa, “ha hecho una gesta social muy importante desde hace muchos años por pacificar la ciudad y vivir tranquilamente”.
En varios pasacalles, se exhibieron dos mensajes concretos que impulsa este nuevo movimiento: “Las mafias nos quitan la libertad y la vida… ¿lo vamos a permitir?” y “A Medellín no vuelve la violencia, no tenemos miedo”.
Ambos lemas plantean varias preguntas, entre ellas, ¿quiénes hacen parte de esas mafias que intentan desestabilizar a Medellín y se deben mirar como los nuevos enemigos de la ciudad?
Jorge Bernal, presidente de la Corporación Región, una de las organizaciones convocantes, se aventura a responder: “Son varios enemigos: la clase política tradicional es uno de ellos; otro son esas redes mafiosas criminales, digamos, todo lo que significa don Berna y el paramilitarismo; también don Mario, quien también se disputa el control de todas esas redes legales e ilegales”.
Pero va más allá e involucra en esas mafias a algunos sectores del empresariado, tales como el comercio y el transporte que, según él, estaban acostumbrados a vivir de los contratos, de la corrupción.
“Entonces son varios enemigos, yo diría que no hay uno sólo, sino es la confluencia de distintos sectores que perdieron poder económico, político y militar y que se han unido, más o menos, para combatir esta institucionalidad, derrotarla y volver a tener el poder en la ciudad”, precisa Bernal.
Martha Peña Duque, presidenta del Instituto Popular de Capacitación, es más panorámica en su caracterización de lo que el movimiento Ciudadanía Activa califica como “mafias” y asocia en ese concepto a redes legales e ilegales no necesariamente ligadas al narcotráfico.
“Lo expresado es genérico a todo tipo de mafia, a ese modelo mafioso, que se está disputando incluso el monopolio de la justicia, de la fuerza, tributario, y está afectando la configuración de la ciudadanía y de la institucionalidad”, expresa Peña Duque.
Otra pregunta que se plantea a propósito de los mensajes del movimiento Ciudadanía Activa, se relaciona con aceptar o no que durante los últimos años en la ciudad hubo pactos entre sectores de la legalidad y de la ilegalidad para mejorar sustancialmente las condiciones de violencia de la ciudad.
Jorge Bernal asume que hay una relación directa o indirecta entre grupos criminales con la clase política tradicional que ha perdido el poder en la ciudad y que, para recuperarlo, quiere desestabilizar el actual gobierno, en cabeza de Alonso Salazar Jaramillo, para que no termine su mandato y recobrar el control de la administración.
“Quieren seguir haciendo corrupción, clientelismo, todo aquello que acostumbra hacer la clase política tradicional”, señala el director de la Corporación Región. “Puede que la alianza sea explicita o no, ese no es el punto, el punto es que coinciden en buscar deteriorar lo que hay de institucionalidad, para recuperar el poder en las próximas elecciones”.
Martha Peña Duque reconoce que entre las organizaciones que hacen parte de la campaña concursan varios puntos de vista: “quienes afirman que Medellín tiene que romper con unos niveles de pactación implícita o explícita, lo que se ha llamado “donbernabilidad” en el último periodo, hasta quienes afirman que no ha existido esa tal pactación, pero reconocen que hay una historia desde los años 90 que ha basado sus programas de convivencia y paz en acuerdos con los actores armados en general".
Patricia Fernández reconoce que aquello de las pactaciones es un asunto en discusión, pero centra su punto de vista en lo que tiene que hacer la ciudadanía activa: “que rechace todas las formas de violencia, que rechace cualquier pactación y cualquier alianza que se pueda dar en términos de la ilegalidad en la ciudad”.
No obstante, Fernández admite que en la ciudad hay “unos señores, unos personajes que se camuflan en la sombra y desde la oscuridad para amenazar, sacar panfletos y crear zozobra y eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿Qué quienes son, con nombres propios y demás?”, se pregunta y responde de una vez: “Ese es un asunto que las autoridades tiene que establecer”.
Una tercera pregunta tiene que ver con la situación de violencia que enfrenta la ciudad. ¿Qué lectura hacen los representantes del movimiento Ciudadanía Activa al respecto?
“La disputa por la ciudad no ha cesado”, reconoce Bernal. “La ciudad tuvo un periodo de un poco más de tranquilidad en el periodo del alcalde Sergio Fajardo, pero ahora hay una disputa entre los socios criminales, grupos paramilitares y otros grupos armados ilegales”.
El objetivo, según este activista, es controlar redes económicas y políticas propias de la ilegalidad, “lo que ha generado un recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos, de amenazas, de asesinatos, de intimidaciones, de violaciones de distinta naturaleza”.
Su diagnóstico no coincide con el que elabora la Alcaldía de Medellín, que a través de algunos de sus funcionarios simplifican el problema y, en ocasiones, lo niegan. Al respecto, Bernal reivindica la libertad de expresara distintos puntos de vista.
“Somos miembros de la sociedad civil y tenemos todo el derecho de expresar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, sobre lo que está pasando ¿En qué coincidimos con la Alcaldía? En la defensa de la institucionalidad democrática, en la defensa de la paz”, responde.
¿En qué se diferencian? En el diagnóstico: “Nosotros, dice Bernal, vamos más allá y pensamos que hay un problema más estructural en el que cogió mucha fuerza el crimen y la ilegalidad, así como sectores de élite que no se siente muy a gusto con este proyecto de ciudad, con lo que hizo Fajardo y está haciendo Salazar”.
Por último y ante la pregunta sobre el fondo político del movimiento, Bernal aclara que el interés de esta iniciativa no es defender un alcalde en particular sino defender la institucionalidad democrática.
“Con toda la fragilidad que tiene, pero defender las instituciones y profundizar la democracia. Eso es lo que queremos, y eso se hace con ciudadanía, no sólo con partidos, no sólo con lo que hace el Estado, sino que se requiere la participación ciudadana activa”, puntualiza Bernal.
Publicado por IPC 
