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28/5/09

Ley de víctimas sin las voces de las víctimas

  • Las propuestas de las víctimas no fueron recogidas por la Cámara de Representantes
  • El proyecto no es fruto ni de la consulta ni del consenso ni recoge las voces de las víctimas
  • Discrimina a víctimas de "falsos positivos"
Bogotá – La Mesa del Encuentro de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales, espacio que promueve los derechos de las víctimas y que ha realizado un seguimiento al proceso de discusión del Proyecto de Ley 044/08 (Cámara) y 157/07 (Senado) denominado “Estatuto de las víctimas”, a través del impulso de procesos de deliberación y nueve audiencias congresionales en distintas regiones del país con la participación de cerca de 4.000 víctimas, reiteran a la opinión pública que este proyecto que se discute y que será aprobado no es fruto ni de la consulta ni del consenso, y que no recoge las voces de las víctimas y sus organizaciones.

La Mesa rechaza este proyecto porque los principios y normas sobre los que se sustenta son diametralmente distintos a los estándares a los que el Estado colombiano se ha comprometido internacionalmente en materia de Derechos Humanos. Se observa con preocupación que:

• El proyecto discrimina: se continúa con la discriminación para las víctimas de agentes del Estado; por ejemplo, hacia las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, quienes deben atravesar un proceso judicial para probar su calidad como víctimas.

• El proyecto no garantiza la restitución como medida preferente en la reparación de las víctimas por los bienes despojados. Desconoce el conjunto de pérdidas patrimoniales que las víctimas han sufrido.

• El proyecto insiste que los montos fijados para reparación administrativa sean tenidos en cuenta por los jueces al momento de determinar la reparación por vía judicial, desconociendo no sólo la autonomía judicial y la separación de poderes, sino y fundamentalmente el derecho a la reparación integral.

• El proyecto desconoce a las víctimas futuras: sólo se tendrá como oportunidad para reclamar la reparación hasta el año 2011 desconociendo que el conflicto armado continúa.

• El proyecto no contempla un enfoque diferencial: no introduce medidas reparadoras con enfoque diferencial para las mujeres y poblaciones vulnerables (adultos mayores, niñas y niños, las personas en situación de discapacidad, la población LGBT).

• El proyecto no contempla la participación de las víctimas: no se contempla dentro de la institucionalidad encargada de implementar las medidas de la ley, la participación de las víctimas. Tampoco en el diseño y evaluación de los programas de reparación.

• El proyecto desconoce la consulta previa a los pueblos indígenas, afrodescendientes y a las víctimas.

• El proyecto no favorece el principio de distinción de las medidas de asistencia, ayuda humanitaria y reparación.

• El proyecto falta a los derechos básicos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y elimina el principio pro homine (pro victima).

Por tal motivo, la Mesa del Encuentro de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales solicita nuevamente con más de 6.000 cartas firmadas por las víctimas de distintas regiones del país, para que otra ley para las víctimas sea posible y ratifica que continuará con acciones jurídicas, políticas y sociales necesarias para la dignificación de las múltiples víctimas en Colombia.

Enviado por: Ruta Pacífica de las Mujeres

5/5/09

Conclusiones de la "Asamblea de los Pueblos"

Por: Laura Marcela Bolívar
y Revista Bitácora

La Asamblea de los Pueblos fue la otra cara de la moneda. De ella hicieron parte un conjunto de actividades que se realizaron de forma paralela a la 50 Asamblea del BID, mediante las cuales se buscaba dar a conocer una opinión diferente a la que se difundió por ese organismo multilateral.

Según sus organizadores, participaron más de 10.000 ciudadanos y ciudadanas de Medellín, Colombia y todo el continente.

La Declaración Final de la Asamblea, que se tituló "Declaración de Medellín, 50 años del BID, ¡nada que festejar! ", fue suscrita por 87 organizaciones de carácter social, comunitario, sindical o del tipo organización no gubernamental. Asistieron delegados y representantes de organizaciones provenientes de 18 países.

Jorge Gómez Gallego, miembro del Comité Impulsor y de Comunicaciones de la Asamblea, explica en esta entrevista qué discutieron y a qué conclusiones llegaron:

¿Cómo demuestran ustedes que el BID financia la desigualdad?

La primera prueba es que el propio BID en su página web se reivindica como un eficiente vehículo para la colocación de inversiones de lo que ellos denominan países "no prestatarios", en países "prestatarios". Expliquemos esto. El BID tiene 48 socios, de los cuáles 22 son "no prestatarios", es decir, en lugar de recibir créditos, los otorgan. Estos países son Estados Unidos, Canadá, 16 países de Europa y 4 de Asia. En estos países, una inversión o un crédito otorgado, renta a lo sumo un 3% anual. Los otros 26 países se denominan "prestatarios", que son de América Latina y el Caribe, que no tienen recursos para hacer inversiones, y en ellos un crédito o inversión puede colocarse a una tasa de interés que puede rentar hasta el triple de lo que rentaría en los países "no prestatarios". Esto se debe a que en la lógica del capital financiero, entre más pobre sea el sujeto de crédito, más alta es la tasa de interés que se le aplica, pues además de la tasa del mercado, se le cobra un mayor interés que denominan el spread, que depende de la calificación de lo que se denomina "riesgo país", spread que será más alto cuánto más pobre sea el país receptor del crédito.

Esta sola asimetría ahonda la diferencia entre países ricos y pobres, pues los pobres tendrán siempre que hacer mayores esfuerzos para poder cubrir las tasas de interés de los créditos.Pero eso es apenas un aspecto. Lo más grave es que los créditos otorgados por el BID, en un buen porcentaje, apuntan al establecimiento de políticas públicas y los que se dedican a proyectos de infraestructura van atados a condiciones que abarcan una amplia gama de orientaciones políticas y económicas que favorecen el clima para los inversionistas, desmejorando las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo en general. En el caso concreto de los últimos 20 años, todos los créditos del BID han ido ligados a la adopción de las políticas que se han denominado neoliberales, que en esencia son apertura de mercados, liberación financiera y cambiaria, privatizaciones y flexibilización laboral, las cuáles han incrementado profundamente la desigualdad. En Colombia, por ejemplo, en 1994 el 20% más pobre de la población consumía 16 veces menos que el 20% más rico. Hoy, esta relación llega a 22 veces, lo que quiere decir que la desigualdad, en lugar de ir desapareciendo, se está profundizando.

¿Qué países y asuntos específicamente se han visto afectados por el BID?

Voy a mencionar un solo caso que es suficientemente significativo, pues afecta al conjunto de la población, y desde luego mucho más duro a los más pobres de los pobres. Es el tema de los servicios públicos domiciliarios. Muchos de los proyectos de saneamiento básico o de generación y transmisión de energía eléctrica o gas han sido financiados con recursos del BID que, primero, no son baratos, por lo que exigen tasas de retorno que permitan pagar las tasas de interés. Pero, sobre todo, han ido condicionados al impulso de leyes como por ejemplo la Ley 142 que regula los servicios públicos en Colombia, que a su vez obliga a que las empresas que prestan esos servicios tengan una alta tasa de rentabilidad, medida amable con los inversionistas pero traumática y dolorosa en muchos casos para los usuarios. O si no pregúntele a las 60.000 y más familias desconectadas que hay en Medellín solamente.

¿Qué impacto negativo tiene todo esto en el desarrollo de las naciones latinoamericanas?

El desarrollo de las naciones latinoamericanas ha sido impactado positivamente por el BID, si el desarrollo se entiende como la existencia de más obras de infraestructura y mayor enriquecimiento de unas élites o unos monopolios financieros y multinacionales. Pero si entendemos el desarrollo como el mejoramiento del nivel de vida material, cultural y espiritual de la mayoría de la población, a 50 años del inicio de las actividades del BID, el impacto ha sido negativo. Hoy hay celulares, más energía eléctrica, televisión y otra serie de comodidades que en el pasado no existían. Pero al mismo tiempo hay cerca de 200 millones de latinoamericanos y caribeños que viven por debajo del nivel de pobreza y cerca de 90 millones en la indigencia. Los ingresos y la estabilidad de los trabajadores, la soberanía y la seguridad alimentaria, la producción campesina, los derechos de los indígenas y los afrodescendientes, y el medio ambiente han sufrido graves deterioros.

¿Las naciones latinoamericanas no han podido salir de su situación de pobreza gracias al BID?

No sería exacto afirmar eso, pues el BID ha sido apenas uno de los obstáculos para salir de la pobreza. Si eso se cuantificara de forma proporcional al endeudamiento, en el caso colombiano el BID es el responsable del 10% de nuestra deuda externa y del 40% de la deuda externa con organismos multilaterales.

¿Por qué consideran que los proyectos del BID han sido fracasos?

Vale la pena reiterar: un fracaso desde el punto de vista de la democracia, pues en el pasado el BID financió todas las dictaduras criminales de América Latina. Pero si se consulta el punto de vista de los dictadores, ellos afirmarán que ha sido un éxito. Lo mismo pasa con los grupos monopolistas financieros y con las multinacionales que han hecho formidables negocios al amparo de créditos otorgados o políticas impulsadas por el BID. Si usted les dice que ha sido un fracaso, le recetarán una consulta con el siquiatra. Pero si consulta a comunidades afectadas de desplazados, desconectados, trabajadores tercerizados, empresarios industriales o agrícolas quebrados, seguro que la palabra fracaso será la precisa.

¿Por qué, según su comunicado de prensa del día 27 de marzo, al BID le falta transparencia?

Ese es un aspecto clave. El BID suscribe los contratos con los gobiernos sin auditoría o veeduría alguna por parte de las comunidades o poblaciones afectadas. Pero tal vez el mecanismo más perverso es uno, muy usual en el BID, que consiste en otorgar antes de un crédito para un proyecto uno "condonable" para adelantar factibilidades o, incluso, de estructuración del proyecto que posteriormente se financiará. Estos créditos sirven para contratar tecnócratas, seleccionados por el propio Banco o contratistas habituales del mismo para que elaboren los proyectos y luego los presenten como una solicitud justificada del gobierno: "Yo te creo la necesidad para que tú me compres a mí". Puede parecer duro lo que voy a decir, y de hecho lo es, pero tiene mucha similitud con aquellos delincuentes que inducen al consumo de sustancias adictivas a los jóvenes para luego convertirlos en sus "clientes" que, a veces, más que clientes son una especie de esclavos.

¿Es negocio para un Estado hacer préstamos en el BID o sólo lo hacen por que no hay más?

Hay dos razones por la que los gobiernos latinoamericanos adquieren créditos con el BID. La primera, y que pudiéramos considerar la menos dolosa, es el constante desequilibrio en la balanza de pagos, que quiere decir que es casi siempre mayor la cantidad de dólares que sale que la que entra por todo concepto. Pero la otra, que es la más condenable, es que las minorías que han gobernado estos países se benefician de los negocios que se hacen en torno a esos créditos. Y ésta es grave porque en sí misma es corrupta, así no se roben la plata, pero en muchos casos no sólo hacen negocios "lícitos", sino que participan en esas danzas de los millones que han convertido a muchos de estos gobiernos en verdaderas cleptocracias, es decir, gobiernos de los ladrones.

¿El BID desarrolla políticas que no protegen al medio ambiente?

Los proyectos financiados con el criterio de impulsar los negocios y el florecimiento de las inversiones tienen poco afecto por el medio ambiente y únicamente la presión de la sociedad ha logrado algunos controles. La extracción despiadada de combustibles fósiles, el derribamiento de millones de hectáreas de selva tropical y bosques nativos, el incremento de la emisión de gases dañinos a la capa de ozono, son connaturales a proyectos del tipo de los financiados por el BID. Y todo el mundo sabe que son la causa principal del pavoroso y dañino calentamiento global.

Un ejemplo de casos financiados por el BID que haya dañado al medio ambiente.

Uno es el proyecto gasífero peruano denominado Camisea, presentado en esta Asamblea de los Pueblos. Implicaba la destrucción de importantes porciones de selva amazónica y bosques nativos que el gobierno peruano se comprometió con las veedurías ciudadanas a amortiguar con obras que contrarrestara el impacto ambiental, obras que nunca realizó, y que el BID, que se había comprometido a garantizar, no garantizó. En Colombia, el caso más patético y reciente es el de la carretera Mocoa-San Francisco, en el departamento del Putumayo, que a pesar de no haberse iniciado ha sido denunciado por las comunidades de ese departamento como un proyecto que producirá una inmensa depredación ambiental en medio de un frágil ecosistema.

¿Cómo fue el cubrimiento de los medios de comunicación en la Asamblea de los Pueblos?

Bastante desequilibrado. No esperábamos por supuesto un cubrimiento igual al de la Asamblea del BID. El gobierno y el banco tenían mucho dinero para sufragar una arrolladora pauta en los medios masivos y, por desgracia, en Colombia pagar publicidad en medios implica, para quien la paga, un plus, y es que se publicita más allá de lo contratado. Pero sí aspirábamos a que se presentaran las dos caras de la moneda y hubo medios masivos que ni por equivocación se refirieron a nuestro evento. Sin embargo tuvimos buena cobertura de medios alternativos, regionales, locales e internacionales, sobre todo de agencias de prensa europeas. Y lo que más satisfechos nos tiene es que logramos romper el cerco informativo, por medio de la propaganda mural, las octavillas, la información de las organizaciones sociales, comunitarias y sindicales, y el aporte de los medios que ya mencioné.

Nada qué festejar

“Acreedores de los pueblos” fue el calificativo que 87 organizaciones sociales de Colombia y del exterior dieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante la denominada Asamblea de los Pueblos, que sesionó en Medellín en forma paralela a la reunión de Gobernadores del organismo multilateral.

En un documento titulado “Declaración de Medellín, 50 años del BID: ¡Nada que festejar!”, los representantes de los grupos sociales hacen propuestas y exigencias al banco.

Las organizaciones que participaron tienen sede en Estados Unidos, Perú, Honduras, Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Brasil, México y Haití, pero también estuvieron presentes otras que trabajan en países diferentes de América Latina y el Caribe.

El siguiente es el comunicado de prensa entregado por los organizadores de ese evento, que tuvo su centro de reuniones en las instalaciones del Pequeño Teatro, aunque también sesionó en otros sitios de la capital antioqueña:

“La declaración final, suscrita por 87 organizaciones nacionales y de todo el continente, además de hacer una crítica severa a la acción del BID como promotora de concentración de la riqueza, de expansión de la pobreza, del aumento de la dependencia, de la depredación ambiental y el desplazamiento, entre otras secuelas negativas, plantea un conjunto de exigencias y propuestas que van desde sanción a los responsables de esas políticas, el reconocimiento del carácter de deudor del BID, la realización de auditorías a los créditos, la restitución de derechos conculcados y el reconocimiento de indemnizaciones, entre otras.

La Declaración de Medellín plantea la necesidad de una nueva estructura financiera para apalancar el desarrollo, de forma que se sustituya el BID por entidades en las que las decisiones sean tomadas por los países considerados en pié de igualdad y no de acuerdo al número de acciones que posean, y que tengan en el centro de su operación la economía al servicio de la mayoría de los seres humanos y de la naturaleza, y no a la inversa como es hoy.

El pronunciamiento final de la Asamblea de los Pueblos, que será publicado junto con las memorias del evento, exige también una nueva forma de relación entre los países, de tal manera que ésta se base en el respeto mutuo y el beneficio recíproco, y un nuevo modelo de desarrollo fundado en la soberanía, la democracia y el concepto ancestral de las comunidades indígenas del ‘buen vivir’.

Las organizaciones participantes y que suscribieron la declaración, han profundizado su unidad, han logrado un enriquecedor intercambio de conocimientos y opiniones, y han reafirmado también el compromiso de redoblar esfuerzos para el logro de una sociedad equitativa, justa, democrática y respetuosa con la naturaleza.

En los cinco foros, el académico, el de acreedores y los tres populares, y en los talleres temáticos, se inscribieron y participaron dos mil personas de manera directa, y fueron seguidos por internet, por cerca de mil setecientas más.

En la marcha de la tarde del jueves 26, que fue disuelta de manera arbitraria por la Policía al llegar al Parque de Berrío, participaron más de siete mil ciudadanos y ciudadanas de todas las condiciones sociales.

La suma de participantes de esta manera se supera ampliamente los diez mil, cifra que supera los cálculos de los organizadores, y demuestra el interés de la ciudadanía por conocer la opinión de quienes consideran que no hay nada que festejar cincuenta años después de iniciadas las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo”.

Publicado por: Cronicón y Bitácora

El nuevo contrato social

4/5/09

Nace en Medellín movimiento en defensa de la institucionalidad

Con el claro propósito de defender la institucionalidad democrática en Medellín, un conjunto de organizaciones no gubernamentales lanzó el movimiento Ciudadanía Activa con un acto público en la Plaza Botero.

La iniciativa de la sociedad civil surgió tras analizar los últimos hechos de violencia y de amenaza a la institucionalidad que se ha venido registrando en la capital antioqueña en los últimos meses, siendo uno de los hechos claves los señalamientos que ha hecho contra el alcalde Alonso Salazar Jaramillo el jefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano desde su sitio de reclusión en un penal de New York, quien admite que lo ayudó en su campaña a la Alcaldía.

“Hemos tomado la decisión de juntarnos en esta plaza los últimos jueves de cada mes con una consigna muy simple: el respaldo a la institucionalidad pública democrática, de las autoridades legítimas, por una convivencia pacífica, por una ciudad donde no se den amenazas desde la oscuridad, donde no se den muertes en los barrios”, explicó Patricia Fernández, directiva de la Corporación Viva la Ciudadanía.

Se trata, en esencia, de constituirse como movimiento ciudadano que no sólo respalde las prácticas democráticas, sino que se solidarice con una ciudad que, al decir de los líderes de esta iniciativa, “ha hecho una gesta social muy importante desde hace muchos años por pacificar la ciudad y vivir tranquilamente”.

En varios pasacalles, se exhibieron dos mensajes concretos que impulsa este nuevo movimiento: “Las mafias nos quitan la libertad y la vida… ¿lo vamos a permitir?” y “A Medellín no vuelve la violencia, no tenemos miedo”.

Ambos lemas plantean varias preguntas, entre ellas, ¿quiénes hacen parte de esas mafias que intentan desestabilizar a Medellín y se deben mirar como los nuevos enemigos de la ciudad?

Jorge Bernal, presidente de la Corporación Región, una de las organizaciones convocantes, se aventura a responder: “Son varios enemigos: la clase política tradicional es uno de ellos; otro son esas redes mafiosas criminales, digamos, todo lo que significa don Berna y el paramilitarismo; también don Mario, quien también se disputa el control de todas esas redes legales e ilegales”.

Pero va más allá e involucra en esas mafias a algunos sectores del empresariado, tales como el comercio y el transporte que, según él, estaban acostumbrados a vivir de los contratos, de la corrupción.

“Entonces son varios enemigos, yo diría que no hay uno sólo, sino es la confluencia de distintos sectores que perdieron poder económico, político y militar y que se han unido, más o menos, para combatir esta institucionalidad, derrotarla y volver a tener el poder en la ciudad”, precisa Bernal.

Martha Peña Duque, presidenta del Instituto Popular de Capacitación, es más panorámica en su caracterización de lo que el movimiento Ciudadanía Activa califica como “mafias” y asocia en ese concepto a redes legales e ilegales no necesariamente ligadas al narcotráfico.

“Lo expresado es genérico a todo tipo de mafia, a ese modelo mafioso, que se está disputando incluso el monopolio de la justicia, de la fuerza, tributario, y está afectando la configuración de la ciudadanía y de la institucionalidad”, expresa Peña Duque.

Otra pregunta que se plantea a propósito de los mensajes del movimiento Ciudadanía Activa, se relaciona con aceptar o no que durante los últimos años en la ciudad hubo pactos entre sectores de la legalidad y de la ilegalidad para mejorar sustancialmente las condiciones de violencia de la ciudad.

Jorge Bernal asume que hay una relación directa o indirecta entre grupos criminales con la clase política tradicional que ha perdido el poder en la ciudad y que, para recuperarlo, quiere desestabilizar el actual gobierno, en cabeza de Alonso Salazar Jaramillo, para que no termine su mandato y recobrar el control de la administración.

“Quieren seguir haciendo corrupción, clientelismo, todo aquello que acostumbra hacer la clase política tradicional”, señala el director de la Corporación Región. “Puede que la alianza sea explicita o no, ese no es el punto, el punto es que coinciden en buscar deteriorar lo que hay de institucionalidad, para recuperar el poder en las próximas elecciones”.

Martha Peña Duque reconoce que entre las organizaciones que hacen parte de la campaña concursan varios puntos de vista: “quienes afirman que Medellín tiene que romper con unos niveles de pactación implícita o explícita, lo que se ha llamado “donbernabilidad” en el último periodo, hasta quienes afirman que no ha existido esa tal pactación, pero reconocen que hay una historia desde los años 90 que ha basado sus programas de convivencia y paz en acuerdos con los actores armados en general".

Patricia Fernández reconoce que aquello de las pactaciones es un asunto en discusión, pero centra su punto de vista en lo que tiene que hacer la ciudadanía activa: “que rechace todas las formas de violencia, que rechace cualquier pactación y cualquier alianza que se pueda dar en términos de la ilegalidad en la ciudad”.

No obstante, Fernández admite que en la ciudad hay “unos señores, unos personajes que se camuflan en la sombra y desde la oscuridad para amenazar, sacar panfletos y crear zozobra y eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿Qué quienes son, con nombres propios y demás?”, se pregunta y responde de una vez: “Ese es un asunto que las autoridades tiene que establecer”.

Una tercera pregunta tiene que ver con la situación de violencia que enfrenta la ciudad. ¿Qué lectura hacen los representantes del movimiento Ciudadanía Activa al respecto?

“La disputa por la ciudad no ha cesado”, reconoce Bernal. “La ciudad tuvo un periodo de un poco más de tranquilidad en el periodo del alcalde Sergio Fajardo, pero ahora hay una disputa entre los socios criminales, grupos paramilitares y otros grupos armados ilegales”.

El objetivo, según este activista, es controlar redes económicas y políticas propias de la ilegalidad, “lo que ha generado un recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos, de amenazas, de asesinatos, de intimidaciones, de violaciones de distinta naturaleza”.

Su diagnóstico no coincide con el que elabora la Alcaldía de Medellín, que a través de algunos de sus funcionarios simplifican el problema y, en ocasiones, lo niegan. Al respecto, Bernal reivindica la libertad de expresara distintos puntos de vista.

“Somos miembros de la sociedad civil y tenemos todo el derecho de expresar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, sobre lo que está pasando ¿En qué coincidimos con la Alcaldía? En la defensa de la institucionalidad democrática, en la defensa de la paz”, responde.

¿En qué se diferencian? En el diagnóstico: “Nosotros, dice Bernal, vamos más allá y pensamos que hay un problema más estructural en el que cogió mucha fuerza el crimen y la ilegalidad, así como sectores de élite que no se siente muy a gusto con este proyecto de ciudad, con lo que hizo Fajardo y está haciendo Salazar”.

Por último y ante la pregunta sobre el fondo político del movimiento, Bernal aclara que el interés de esta iniciativa no es defender un alcalde en particular sino defender la institucionalidad democrática.

“Con toda la fragilidad que tiene, pero defender las instituciones y profundizar la democracia. Eso es lo que queremos, y eso se hace con ciudadanía, no sólo con partidos, no sólo con lo que hace el Estado, sino que se requiere la participación ciudadana activa”, puntualiza Bernal.

Publicado por IPC